Tegucigalpa 12 de febrero de 2025.- El reciente anuncio de la creación de una
Comisión Técnica de Semillas, de la que forma parte la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG), para volver a poner en vigencia la Ley para la Protección de
Obtenciones Vegetales, conocida como Ley Monsanto, levantó la alerta en las
organizaciones campesinas, indígenas y sociales del país.
La normativa, declarada inconstitucional en 2022, restringía el uso, intercambio y
almacenamiento de semillas, como también criminalizaba y amenazaba con cárcel, a
quienes incumplieran dicha Ley, afectando la soberanía alimentaria y el derecho a la
alimentación de millones de familias hondureñas, tanto productores como
consumidores.
Organizaciones como la Red ANAFAE y Vía Campesina denunciaron que la Ley
empobrecería aún más al país. “La SAG está favoreciendo la creación de monopolios,
perjudicando la economía de los pequeños productores, ya que les obliga a usar
semillas compradas en el mercado y prohíbe a los agricultores usar las semillas que
tradicionalmente emplean para producir. Esto también encarecerá el costo de los
alimentos para los consumidores”, advirtió Octavio Sánchez de la Red ANAFAE.
“Para muchas familias campesinas, que dependen de la reutilización e intercambio de
semillas locales, esto representaría una barrera, llevándolas a la quiebra o a depender
completamente de grandes empresas semilleras”, argumentó el líder social.
Honduras cuenta con una Ley de Semillas vigente (Decreto 1046) y el Reglamento
General de Semillas (Acuerdo CD SENASA 001-2024) que garantizan el desarrollo del
negocio de los involucrados en la industria de las semillas y respeta el derecho del
campesinado a usar sus propias semillas.
“Sorprende que funcionarios de este Gobierno retomen una iniciativa tan nefasta, que
contradice lo contenido en el plan de este denominado Gobierno del Pueblo por lo que,
como organizaciones campesinas, indígenas y de sociedad civil, enviamos una carta a
la Presidenta Xiomara Castro solicitando la eliminación de la Mesa Técnica de
Semillas”, agregó Sánchez.
Además, advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable, llevarán a cabo
manifestaciones en defensa de la soberanía alimentaria y los derechos de las familias
campesinas que alimentan al país.
Finalmente, las organizaciones insisten en que las decisiones gubernamentales deben
priorizar el bienestar de las familias campesinas y del pueblo hondureño, en lugar de
favorecer intereses corporativos. También demandan un modelo de desarrollo rural
inclusivo y sostenible, que respete los derechos de campesinos e indígenas a una vida
digna, asegurando el acceso a la alimentación y la preservación de sus semillas como
pilares de la soberanía alimentaria.
