Durante la instalación del Congreso Nacional, Rebeca Raquel Obando reveló que en 2025 se registraron más de 14 mil denuncias por violencia doméstica y 262 muertes violentas de mujeres
En el marco de la instalación de la nueva legislatura del Congreso Nacional, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, presentó este domingo un informe en el que expuso la crítica situación de la violencia contra las mujeres, el aumento de la carga judicial y la urgencia de fortalecer el sistema de justicia en Honduras.
En su discurso, Obando advirtió que en 2025 se registraron 14,685 denuncias de violencia doméstica, concentradas principalmente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde se reporta entre el 20 y 25 por ciento de los casos a nivel nacional.
“Lastimosamente la violencia continúa siendo una de las principales causas de muerte de nuestras mujeres, cada año, los juzgados reciben alrededor de 15,000 denuncias de violencia doméstica; en el 2025 se registraron 14,685 casos, concentrándose mayoritariamente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con una incidencia del 20 y 25 por ciento respectivamente”, explicó Obando.
La titular del Poder Judicial señaló que la violencia sigue siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en el país.
Debilidades en las investigaciones
Añadió que del año pasado se contabilizaron alrededor de 262 muertes violentas de mujeres, pero solo 10 fueron tipificadas como femicidio, lo que evidencia debilidades en la investigación y en la correcta aplicación de la ley.
“El año pasado se registraron alrededor de 262 muertes violentas de mujeres, según reportes de diferentes instituciones, de las cuales, el Ministerio Público presentó ante los juzgados los casos de 129 víctimas, lo que representa una judicialización de 50%.”, enfatizó .
“No obstante, -prosiguió- solo 10 de esas muertes fueron calificadas bajo la figura penal de femicidio, evidenciando la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para reconocer estas muertes, prevenirlas y castigarlas con la gravedad que la leyexige.
Ahondó que el 57 por ciento de las resoluciones judiciales en casos de violencia doméstica fueron favorables a las víctimas, Obando alertó que cerca del 30 por ciento de los procesos se declaran en abandono, reflejando serias barreras de acceso a la justicia.
Como parte de las acciones emprendidas, la titular de la Corte Suprema de Justicia anunció la creación del Observatorio de Justicia y Género, herramienta que permitirá identificar territorios de alto riesgo, especialmente en zonas de Lempira e Intibucá, para focalizar intervenciones y prevenir muertes violentas de mujeres.
Respaldo para lucha contra la violencia
Asimismo, solicitó al Congreso Nacional respaldo para aprobar las reformas a la Ley Especial Contra la Violencia Doméstica, elaboradas junto al Ministerio Público, la Policía Nacional y sociedad civil, con el objetivo de cerrar espacios de impunidad y fortalecer la protección a las víctimas.
En materia de niñez, la presidenta de la Corte informó que anualmente ingresan más de 14,500 casos de familia, principalmente por demandas de pensión alimenticia. A un año de vigencia, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos contabiliza 60 personas sancionadas.
En el ámbito penal, Obando detalló que en 2025 ingresaron 45,135 casos, un incremento del 20 por ciento, destacando delitos como tráfico de drogas y maltrato familiar. La creación de circuitos especializados permitió reducir los tiempos de espera para juicios orales de cuatro años a siete meses.
Demandas laborales
También alertó sobre el aumento de demandas laborales contra el Estado, especialmente en años de transición gubernamental, que superan el 80 por ciento de los procesos, haciendo un llamado a las autoridades a respetar la ley y priorizar la conciliación.
Finalmente, exhortó al Congreso Nacional a garantizar al Poder Judicial la asignación constitucional mínima del 3 por ciento de los ingresos corrientes, advirtiendo que la demanda de justicia continúa creciendo y que sin mayor inversión se limita la respuesta del sistema judicial.
“Confiamos en su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, garantizando al Poder Judicial la asignación constitucional no menor del 3% de los ingresos corrientes, como base mínima para responder a la justicia que el país exige”, apostilló.
Nuevo Congreso Nacional
2026-2030
