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Policía Nacional ejecuta tres órdenes judiciales por delitos sexuales agravados en perjuicio de una menor de 12 años

- La menor fue engañada y privada de su libertad durante varios días - Entre los sospechosos se encuentra un miembro de las Fuerzas Armada
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Cortés. 19 de septiembre del 2022. A raíz de una denuncia, funcionarios de la Policía Nacional ejecutaron tres órdenes judiciales, por delitos sexuales y privación ilegal de la libertad en perjuicio de una menor de 12 años.

Mediante allanamiento de morada con autorización judicial, equipos de la Unidad de Interpol de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) Comando de Operaciones COBRAS y Ministerio Público, requirieron a los tres sospechosos en la colonia Honduras, del municipio de San Pedro Sula.

Los ahora arrestados son:

1- Comerciante de 52 años, originario y residente en la colonia Honduras de San Pedro Sula.

2- Administrador de empresas e infante de marina activo de 23 años, originario y residente en colonia Honduras de San Pedro Sula.

3- Ama de casa de 23 años, originaria y residente en la colonia Honduras de San Pedro Sula.

Cuentan con orden judicial desde el 18 de septiembre del presente año, emitida por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Cortés.

Se les supone responsables de la comisión de los delitos de violación calificada agravada continuada, otras agresiones sexuales calificada agravada y privación ilegal de la libertad agravada.

Al momento de realizar la inspección en la vivienda allanada, los técnicos encontraron como indicio una caja pequeña conteniendo en su interior sólidos blancos (Rebasin), supuestas pastillas que causan efecto sedante.

De acuerdo al expediente investigativo, la menor fue privada de su libertad hace algunos días cuando se dirigía a realizar compras a una pulpería, por lo que la DPI trabajó en su ubicación y remisión del caso.

La menor supuestamente fue engañada y abusada sexualmente durante varios días, por lo que se coordinó la detención judicial de los supuestos implicados.

Tras efectuar el procedimiento administrativo, la DPI remitió a los detenidos al tribunal competente para que se proceda conforme a Ley corresponde.

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