La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España pide 22 años de prisión para el hombre, identificado como Pompeyo G.P., que envió seis cartas bomba dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la Embajada de Ucrania en Madrid; a una empresa fabricante de armas; al Ministerio de Defensa y a la base militar aérea de Torrejón de Ardoz.
Además de alarma pública, estos envíos provocaron un herido en la sede diplomática ucraniana. El Ministerio Público le acusa de un delito de terrorismo, por el que le pide 10 años; y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de explosivos con finalidad terrorista, por el que demanda otros 12 años de privación de libertad.
El acusado, un jubilado de 74 años, era contrario al apoyo que dio España a Ucrania en el conflicto que estalló en febrero de 2022. «Con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española, construyó varios artefactos explosivos», se sostiene en el escrito de la Fiscalía, según El Plural.
Diseño de explosivo
Pompeyo G. habría diseñado los envíos de manera que cuando la caja de madera se sacase del sobre y se abriese su tapa, se liberaría el percutor hasta golpear el pistón, que haría iniciar el artefacto explosivo.
Las cartas con explosivos se recibieron entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2022 y dieron lugar a la aplicación del protocolo antiterrorista, que incluyó cortes de carreteras, cinturones policiales y desalojo de establecimientos públicos, entre otras medidas.
El acusado fue detenido el 25 de enero de 2023 y dos días después ingresó en la cárcel, donde ha permanecido hasta la fecha en prisión preventiva. Durante el registro de su domicilio, la Policía encontró herramientas compatibles con la fabricación casera de artefactos explosivos.
