La Justicia de Chile confirmó que un análisis de ADN estableció con una probabilidad superior al 99,99 % la identidad de Bernarda Rosalba Vera Contardo, una profesora que durante más de cinco décadas figuró en los registros oficiales como víctima de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet. El resultado determinó que la mujer reside desde hace años en la ciudad de Miramar, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Según informó el medio La Nación, la resolución fue comunicada por el ministro para causas de Derechos Humanos del Poder Judicial de Chile, Álvaro Mesa Latorre, quien informó el resultado a los familiares y ordenó mantener el secreto de sumario en la investigación. El examen genético oficial confirmó la coincidencia entre la docente y la persona buscada desde la década de 1970.
El caso volvió a tomar relevancia en septiembre de 2025, cuando un informe del canal chileno Chilevisión localizó en las cercanías de Miramar a una mujer que utilizaba documentación argentina con fecha de nacimiento del 4 de febrero de 1949. Aunque el año difería del registro chileno, coincidían el día y el mes de nacimiento, lo que abrió una nueva línea de investigación.
Masacre en Chile
Según los antecedentes judiciales, Vera Contardo, profesora y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), había sido vista por última vez en octubre de 1973 en la comuna de Panguipulli, en el contexto de la masacre de Liquiñe, una serie de operativos militares posteriores al golpe de Estado en los que obreros y campesinos fueron detenidos, asesinados o desaparecidos.
A partir de esos hechos, distintos informes oficiales la incorporaron a los listados de personas desaparecidas durante la dictadura. Sin embargo, la investigación judicial permitió reconstruir que habría logrado cruzar la cordillera hacia la Argentina junto a otros perseguidos políticos.
La causa también reunió documentación que indica que en 1978 Vera Contardo llegó a Suecia junto con su esposo y su hijo. De acuerdo con registros de la Dirección de Migraciones sueca, ese año obtuvo una visa de residencia, recibió documentación oficial en 1984 y, en 1999, salió de ese país con destino a la Argentina.
La investigación forma parte del Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el expresidente chileno Gabriel Boric, una iniciativa destinada a reconstruir el recorrido y esclarecer el destino de 1.469 víctimas de desaparición forzada de la dictadura, entre detenidos desaparecidos y personas ejecutadas cuyos restos nunca fueron entregados a sus familias.
Como consecuencia del hallazgo, el caso también abrió un nuevo frente político y judicial en Chile. Distintos sectores políticos impulsaron pedidos para revisar las reparaciones económicas otorgadas por el Estado a la familia de Bernarda Vera, crear una comisión investigadora en el Congreso y reactivar acciones judiciales para determinar eventuales responsabilidades de exautoridades vinculadas al expediente, reportó Biobío.
La dictadura encabezada por Augusto Pinochet comenzó el 11 de septiembre de 1973 tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende y, según cifras oficiales chilenas, dejó más de 40.000 víctimas entre personas ejecutadas, desaparecidas, detenidas y torturadas.
