Tegucigalpa, 2025.- Con el propósito de proteger a las poblaciones más vulnerables, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) elaboró el Protocolo para la Respuesta y Operación de Mecanismos de Transferencias Monetarias Adaptativas/Protección Social Adaptativa (PROMESA-PSA), un instrumento institucional diseñado para brindar apoyo inmediato y reducir los daños ocasionados por el cambio climático.
A través de la Unidad de Protección Social Adaptativa (UPSA), adscrita a la Dirección de Políticas Públicas, se crea este protocolo como un mecanismo que define los procesos de entrega de transferencias monetarias directas y no condicionadas a familias en situación de vulnerabilidad durante contextos de emergencia.
En cumplimiento de los compromisos internacionales, la ministra Mirtha Gutiérrez de la Secretaría de Desarrollo Social explicó la importancia de avanzar en la construcción de un Protocolo en Transferencias Monetarias para la atención a la población vulnerable ante los diferentes desastres naturales, por lo que se desarrolló este instrumento para continuar el avance en trasferencias innovadoras para el país.
“En el marco de garantizar la protección social de las personas y el enfoque de Protección Social Adaptativa, reafirmamos como Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la innovación del sector social y de brindar el marco legal y normativo necesario para hacerlo de forma coordinada, transparente e institucional”, afirmó.
Como institución rectora del Sector Social, a través del Observatorio de Desarrollo Social (ODS), se irán identificando las poblaciones vulnerables, por lo que la ministra Gutiérrez destacó que el Protocolo “dicta la gobernanza que debe de existir para el tema de las transferencias no condicionadas ante desastres naturales como medida preventiva y de resiliencia para la gestión de riesgos”.
El documento establece procedimientos operativos para la activación, ejecución y monitoreo de los programas de transferencias monetarias en coordinación interinstitucional, con transparencia y rendición de cuentas, en colaboración con la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), actores territoriales y la cooperación internacional.
El coordinador de la UPSA, Carlos Núñez, afirmó que el proceso “incluye criterios de inclusión y exclusión que evitan la politización de la focalización, garantizando que las transferencias lleguen a las personas que verdaderamente se encuentran en el umbral de pobreza y son más vulnerables ante los desastres y el cambio climático”.
Núñez destacó que “Honduras es uno de los países líderes en la región en materia de protección social adaptativa. Es muy innovador que una institución de desarrollo social esté apuntando a este enfoque como uno de sus pilares clave de futuro, al vincular la protección social con la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático”.
Durante el período 1993-2022, el Índice de Riesgo Climático (IRC) ubicó a Honduras entre los países más afectados por fenómenos meteorológicos extremos, junto a República Dominicana y China. Esta alta vulnerabilidad ha impulsado al país a fortalecer su capacidad de gobernanza, toma de decisiones, coordinación y participación intersectorial.
PROMESA-PSA: una apuesta por la protección social adaptativa
El protocolo se convierte en un instrumento transformador de la gestión social y de riesgos en Honduras, que refleja la visión de la presidenta Xiomara Castro de no solo responder ante emergencias, sino también construir un futuro más equitativo, resiliente y seguro para todas y todos los hondureños.
Con este instrumento se estandarizan procesos interinstitucionales y se garantiza la veeduría ciudadana dentro de un mecanismo articulado de colaboración multisectorial.
El protocolo también impulsa la instalación de la Mesa Técnica de Transferencias Monetarias, instancia encargada de supervisar y dictaminar el cumplimiento de lo establecido en PROMESA-PSA. En este órgano participan el programa Red Solidaria, la cooperación internacional y la Secretaría de Desarrollo Social, para dar seguimiento tanto a las entregas como a los procesos administrativos de liquidación y presentación de informes.
El protocolo establece cinco fases:
- Criterios de activación del protocolo.
- Actividades preparatorias.
- Dispersión inmediata después del choque.
- Monitoreo y evaluación.
- Consolidación y cierre.
Este marco se fundamenta en el Decreto Ejecutivo PCM 05-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º 35,892 del 6 de abril de 2022, mediante el cual se crea la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social. Su objetivo es integrar la protección social con los desafíos derivados de fenómenos climáticos recurrentes, gestionando transferencias monetarias como una acción concreta para garantizar la seguridad económica y social de los hogares afectados.
Esta acción se sustenta en el marco normativo nacional, incluyendo la Ley de Contingencias Nacionales; el Reglamento de la Ley del SINAGER; el Decreto Ejecutivo PCM 103-2021, “Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales”; la Política de Estado para la Gestión Integral del Riesgo en Honduras; la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Plan Nacional de Adaptación; la Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres en Honduras; la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER); la Ley de Cambio Climático (Decreto N.º 297-2013); la Ley de Contingencias Nacionales y el Decreto N.º 63-2024, que reforma la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
