En un acto histórico para la Capital Industrial, la Presidenta
Constitucional de la República, Xiomara Castro, entregó hoy un
total de 3,500 títulos de propiedad a familias de diferentes barrios y
colonias de la ciudad, reafirmando su compromiso con la
formalización de la tenencia de la tierra y la garantía del derecho a
la vivienda digna para todos los hondureños.
La jornada se desarrolló con una supervisión de parte de la
mandataria, donde conoció de primera mano el proceso que se lleva
a cabo con cada beneficiado, supervisando personalmente las
etapas de atención y verificación que garantizan la legalidad y
transparencia de cada entrega.
El proyecto de la Refundación ha impactado positivamente con un
avance sin precedentes en su compromiso de garantizar que el
acceso a la propiedad sea un derecho y no un privilegio. En lo que va
de la actual administración, más de 37,262 hondureños en todo el
país han recibido su título de propiedad, beneficiando a más de
179,000 familias, y marcando un hito histórico en el proceso de
regularización territorial.
Asimismo, esta iniciativa representa un acto de justicia social y un
ahorro significativo para las familias hondureñas. Gracias al
Gobierno del Socialismo Democrático que lidera la Presidenta
Xiomara Castro, el proceso de titulación, que de manera privada
puede superar los L 200,000 por título.
El Estado, a través del Instituto de la Propiedad, asume en su
totalidad los costos técnicos, catastrales, legales y logísticos del
proceso, por lo que los beneficiarios no realizan ningún pago por la
obtención de su título. Este modelo de gestión garantiza que miles
de hondureños puedan acceder gratuitamente a la legalización de
sus bienes, eliminando barreras económicas y fortaleciendo el
principio de equidad social.
Cabe destacar que el Secretario Ejecutivo del Instituto de la
Propiedad, Francisco Bocanegra, acompañó a la Presidenta
durante la supervisión y explicó el mecanismo de regularización de
tierras implementado por la institución, así como las herramientas
legales que permiten convertir la posesión en propiedad, otorgando
seguridad jurídica y bienestar social a miles de hondureños
