Después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final ha entrado en vigor oficialmente. Esto representa un avance significativo para aumentar la transparencia empresarial en Honduras. También ayuda a combatir delitos como el lavado de activos, la corrupción, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada. Sin embargo, la implementación total dependerá de la creación del reglamento que definirá los procedimientos necesarios para su ejecución.
La normativa, parte del Decreto Legislativo No. 127-2026 y publicada en La Gaceta No. 37,184 el 3 de julio de 2026, establece la creación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF). Este estará bajo la gestión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que organizará, administrará y supervisará este nuevo sistema de información.
La aprobación de esta ley responde a los compromisos que Honduras ha asumido ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sus recomendaciones exigen que los países cuenten con mecanismos para identificar a las personas que ejercen control efectivo de las sociedades comerciales y otras estructuras jurídicas. Esto ayuda a evitar que se usen para ocultar recursos de actividades ilegales.
Aumentar la transparencia
El objetivo principal de la ley es asegurar que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras legales que operan en el país. Esto fortalecerá las acciones para prevenir y detectar el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la corrupción y la delincuencia organizada.
Además, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros será responsable de proteger la información. Esto se hará bajo altos estándares de seguridad, confidencialidad y trazabilidad, garantizando que solo las autoridades competentes puedan acceder a ella para cumplir con sus funciones legales.
Reglamentación
La legislación establece que la CNBS deberá emitir, en un plazo de 60 días hábiles después de la entrada en vigor de la ley, el reglamento que definirá los procedimientos, directrices y mecanismos necesarios para su aplicación. Esto incluirá la organización del registro, los formularios de inscripción, las condiciones para el suministro de información y las disposiciones administrativas necesarias.
Asimismo, la Comisión tendrá un periodo de adecuación para desarrollar la infraestructura técnica y tecnológica del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales. Una vez que esté listo, notificará oficialmente el inicio del proceso de inscripción para las personas jurídicas y estructuras legales obligadas por la ley.
Con la entrada en vigor de esta normativa y la próxima emisión de su reglamento, Honduras avanzará en el cumplimiento de los estándares internacionales sobre transparencia financiera. Esto mejorará la capacidad del Estado para identificar a los verdaderos propietarios de las personas jurídicas, prevenir el uso de empresas para actividades ilegales y reforzar la lucha contra el lavado de activos y otros delitos graves.
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