La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo año se regularán las aplicaciones de alojamiento temporal como Airbnb, siguiendo como base el modelo implementado en 2017 por la ciudad española de Barcelona.
«Así como traen beneficios, el turismo a la ciudad, también gentrifican ciertas zonas, han elevado costos», opinó la autoridad estatal sobre las plataformas digitales.
Sheinbaum detalló que la Secretaría de Turismo estatal y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) están revisando el tema junto con las empresas de arrendamiento virtual y los vecinos de la capital para evitar que se continúe incrementando el costo de las vivienda de la capital, sobre todo en zonas de especial atractivo turístico como las colonias Condesa, Polanco o Roma.
«Barcelona reguló este tema desde hace tiempo, de hecho, prohibió que en algunas zonas hubiera la renta para plataformas digitales», explicó la mandataria local.
En meses recientes se han desatado numerosas protestas en la Ciudad de México en contra de plataformas digitales de arrendamiento de corto plazo. Los habitantes capitalinos acusan a las aplicaciones de haber fomentado el desalojo de inquilinos y de inflar artificialmente el costo de las rentas y de las propiedades en la urbe.
¿Cómo es el modelo de Barcelona?
En 2017 la ciudad al noroeste de España introdujo un plan para ordenar los establecimientos de alojamiento turístico, albergues y residencias colectivas y viviendas individuales de uso vacacional y de estancia temporal.
La estrategia, conocida como ‘Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos’ (Peuat), fue derogada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2019 por carecer de estudios económicos que la avalaran; sin embargo, se renovó en 2021 y logró entrar en vigor en enero de 2022.
El plan divide a Barcelona en cuatro áreas con el fin de ordenar la apertura de nuevos establecimientos, dependiendo de la importancia natural o económica de los lugares.
La zona 1, por ejemplo, es considerada como de «decrecimiento natural» por lo que no permite la implantación de nuevos establecimientos turísticos o albergues, ni tampoco la expansión de los ya existentes.
