El Vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró al pueblo hondureño que la reprobación de Honduras para acceder a los fondos de la Cuenta Desafío del Milenio, no impactará en el presupuesto de la nación 2024.
A consideración del Congresista, la noticia carece de alguna novedad, pues funcionarios del Poder Ejecutivo se habían anticipado, en el sentido de que el porcentaje sobre la base de lo que se iba a calcular era muy bajo y difícil de superar.
«Hay que reconocer, algunos de los indicadores tenían una base muy baja, en especial el de corrupción, con un 16 por ciento, y, en un año, porque la evaluación corresponde a un año de gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, no se iba a pasar a un porcentaje alto», acotó.
En este contexto también explicó, «recordemos que Honduras, hace varios años, fue calificado como un país de ingresos medios- bajos, lo cual es una desventaja respecto a los que están en categoría de bajos ingresos. Esa combinación de algunos indicadores, ha impedido que se pueda recibir esta contribución de la Cuenta del Milenio».
Sin embargo, quedar fuera de este beneficio no afectará el presuesto del próximo año; «estos recursos no están programados dentro del Presuesto de la República, por lo tanto, el Presupuesto 2024 está garantizado, afirmó el parlamentario.
«Tenemos contemplado un aumento de 5,700 millones de lempiras en el campo de las obras públicas, 2,500 para el sector salud, e igual cantidad para educación y programas sociales», adelantó.
Para finalizar manifestó, «yo estoy convencido de que, con la llegada de la Comisión Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), el próximo año va haber un cambio cualitativo que va a permitir mejorar sustancialmente el porcentaje con el cual se va medir a Honduras en el futuro».
La última vez que Honduras logró aprobar el indicador de corrupción y acceder a este programa financiado por Estados Unidos fue en 2009, durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
La Cuenta del Milenio se basa en las evaluaciones e informes de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones, para calificar si el país es apto o no para recibir los fondos de ayuda económica.
