En varias ciudades del occidente de Guatemala se han realizado protestas y bloqueos en contra del alza de los precios del combustible y de los alimentos desde hace una semana, sin que se vislumbre una solución cercana al conflicto que ya comienza a afectar las relaciones de intercambio con El Salvador.
En el contexto de estas movilizaciones, que hasta ahora no habían causado hechos de violencia, el gobernador de Totonicapán, José Pablo Ordóñez Benítez, fue retenido por manifestantes, el pasado jueves, mientras conducía una ambulancia en La Morería, municipio de San Cristóbal Totonicapán, en el departamento homónimo.
Tras horas de tensión, entre reclamos y gritos de manifestantes que cuestionaron el tipo de vehículo utilizado por la autoridad regional y que vociferaban que iban a quemar la gobernación, fue liberado. Posteriormente, se registraron disturbios, informó Prensa Libre.
La vías por donde circula carga liviana y pesada, principalmente, han sido obstaculizadas desde el lunes con camiones, contenedores y unidades de transporte, publicó Prensa Comunitaria.
Las actividades de protesta son lideradas por la Coordinadora de Transporte de Quetzaltenango y otras asociaciones y gremios. Se espera que se unan conductores de motos, automóviles, autobuses, taxis y de carga.
En un video difundido por InfoGT Noticias, un conductor de un grupo que lidera las movilizaciones afirmó que «los bloqueos van a seguir más fuertes que nunca» y dijo que no volverán a sus casas hasta que el Gobierno se pronuncie y lleguen a un acuerdo que beneficie «al pueblo entero».
En lo que va de año, el combustible ha tenido un alza del 65 % en el país centroamericano. Según un editorial de Prensa Libre, con el dinero que en diciembre de 2021 se compraba un galón, actualmente se obtiene poco más de un tercio.
Esta subida ha impactado en otros sectores que se sirven del transporte para distribuir sus productos o para realizar recorridos. Así, ha habido incrementos en los pasajes y los fletes, lo que ha causado impacto en el costo final de los alimentos de la canasta básica, materiales de construcción y otros rubros.
En el texto, Prensa Libre asevera que el ascenso de los precios son «una espiral que se prolonga sin que ningún liderazgo de Gobierno se muestre preocupado o por lo menos empático».
Discordia por los subsidios
En abril pasado entró en vigencia en el país una ley que establece precios de referencia para el gas licuado, la gasolina y el diésel, con el objetivo de apaciguar los aumentos que se dieron luego del conflicto entre Rusia y Ucrania.
La normativa planteaba que los consumidores pagaran el gas a precios de noviembre de 2021. Esta medida culminó en agosto pasado.
Para Edson Santizo, representante de transportistas del servicio urbano en Quetzaltenango, la medida de protección estatal no representó una solución para frenar el aumento de la canasta básica y solo «llenó los bolsillos» de los empresarios.
«El gobierno viene a apantallar con un subsidio que no viene a ayudar a Guatemala, sino que viene a empobrecerla más», dijo a Prensa Comunitaria.
Por otro lado, según la opinión editorial de Prensa Libre, la asistencia gubernamental para los combustibles «fue un dispendio oneroso y descontrolado» que no protegió «a quienes en verdad lo necesitaban»
«Faltó criterio técnico y sobró populismo en esa medida», se asegura en ese texto.
¿Qué dice el Gobierno?
El Ejecutivo publicó un comunicado donde manifiesta que, aunque desea continuar el diálogo con los sectores que se mantienen en protesta para escuchar sus solicitudes, «no se encontraron las condiciones para desarrollar este proceso».
La Administración de Alejandro Giammatei rechazó también la retención «ilegal» del gobernador de Totonicapán.
El Gobierno asevera que los transportistas se niegan a «deponer las medidas que perjudican y vulneran los derechos de libre locomoción de los guatemaltecos».
En el comunicado oficial se afirma que los precios de los combustibles «están sujetos a una dinámica internacional fluctuante que determina el alza o la disminución en el costo de los mismos».
Estas manifestaciones ya han afectado a El Salvador, país vecino, según una información de la Dirección General de Aduana salvadoreña. El organismo anunció que ha reforzado su personal en otros puntos de intercambio de carga comercial y que ha habilitado sistemas informáticos de teledespacho.
¿Quiénes más se oponen a las protestas?
Aunque los conductores son los principales impulsores de estas protestas, la Coordinadora Nacional de Transportistas (CNT) publicó un comunicado donde se deslinda de los bloqueos y pide que sus compañeros «reflexionen en su actuar».
Según el texto, «tomar medidas de hecho no es la solución» porque debe promoverse el diálogo «con las autoridades competentes y buscar los consensos técnicos y legales» para dirimir el conflicto.
«Efectuar medidas de hecho solo perjudica nuestra economía y pone en desventaja la competitividad comercial de Guatemala, elemento clave para que logremos salir adelante», dice el escrito.
La CNT pide a las autoridades instalar una mesa de trabajo, a la que se comprometieron, para que haya un «proceso de diálogo abierto y sobre todo honesto».
El área empresarial también ha expresado su queja por la obstaculización de las vías. La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) hizo un «llamado urgente a las autoridades para que tomen acciones ante los bloqueos ilegales».
También pidió que se garantice «el derecho constitucional a la libre locomoción y tránsito del transporte comercial y turístico en las distintas rutas del país».
En este sentido, Cutrigua, una asociación del sector privado que agrupa a los usuarios del transporte por vía marítima, terrestre y aérea, informó en sus redes sociales que presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad «para retirar los bloqueos que tienen lugar en las aduanas y carreteras del país».
