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Estados Unidos pide la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, según fuentes

Hasta que dejó el cargo el 27 de enero, después de dos mandatos como presidente, Hernández había estado protegido de ser procesado por una política del Departamento de Justicia de no acusar a jefes de Estado en ejercicio.
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El gobierno de Estados Unidos ha solicitado la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por cargos relacionados con narcotráfico, según múltiples fuentes familarizados con el caso que hablaron con Univision Noticias.

La solicitud fue entregada a la Corte Suprema de Justicia, donde el caso será asignado a un juez el martes.

La existencia de una solicitud de extradición significa que se ha presentado una acusación en un tribunal estadounidense contra esa persona.

Una portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

Las fuerzas de seguridad hondureñas han rodeado la casa de Hernández en Tegucigalpa, según múltiples fuentes.

La solicitud de extradición de Hernández es una conclusión extraordinaria de una profunda investigación de la DEA sobre el tráfico de drogas en el país centroamericano, que los fiscales han descrito como «tráfico de drogas patrocinado por el Estado.»

La extradición de Hernández ha sido ampliamente esperado después de que fuera nombrado co-conspirador en tres casos en Nueva York, uno de los cuales implicaba a su hermano menor, el exlegislador Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, que fue condenado por tráfico de drogas y cargos de armas relacionados y ahora está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en prisión.

El expresidente, que dejó el cargo hace apenas dos semanas, ha negado con vehemencia todas las acusaciones en su contra relacionadas con el narcotráfico, calificándolas de mentiras inventadas por criminales violentos que buscan reducir sus sentencias.

Hernández no respondió inmediatamente a una solicitud para su comentario.

Hasta que dejó el cargo el 27 de enero, después de dos mandatos como presidente, Hernández había estado protegido de ser procesado por una política del Departamento de Justicia de no acusar a jefes de Estado en ejercicio. El cargo de conspiración para el tráfico de drogas conlleva una posible condena a cadena perpetua.

Si Hernández es arrestado en Honduras, se someterá a lo que podría ser un largo proceso de extradición que tendría que ser aprobado por la Corte Suprema, cuyos miembros fueron nombrados durante los ocho años de gobierno de Hernández.

Según múltiples fuentes, Hernández se encontraba el lunes en su casa de Tegucigalpa.

No ha aparecido en público desde que dejó el cargo y se desconoce su paradero actual. No asistió a la toma de posesión de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el 27 de enero. Se ha especulado con la posibilidad de que acabe huyendo a Nicaragua -que ya ha dado refugio a dos ex presidentes de El Salvador buscados por la justicia- para evitar su procesamiento.

El último exjefe de Estado en ser acusado en Estados Unidos fue el venezolano Nicolás Maduro en 2019 tras unas elecciones cuya legitimidad Estados Unidos -y muchos otros países- no reconoce. La lista también incluye al exdictador filipino Ferdinand Marcos y a su esposa Imelda.

Corredor de drogas

Hernández, de 53 años, comenzó su carrera política en 1998 cuando ganó un escaño en el Congreso por el Partido Nacional en representación de su departamento natal, Lempira, situado en la frontera montañosa cerca de Guatemala, un corredor del tráfico de drogas favorito para los traficantes.

Según el testimonio en el juicio de su hermano, cuando se presentó a un tercer mandato en 2005, supuestamente recibía el apoyo de los traficantes.

En 2010, Hernández se convirtió en presidente del Congreso, presuntamente con la ayuda de traficantes que financiaron la campaña del Partido Nacional y sobornaron a otros legisladores para que apoyaran su candidatura a la dirección de la cámara.

En enero de 2012, ayudó a impulsar en el Congreso una reforma constitucional que allanó el camino para que los traficantes hondureños fueran extraditados a Estados Unidos, un hecho que suele citar en su defensa. «Una persona coludida con el narcotráfico no habría aprobado la extradición», dijo en febrero de 2021 ante el Congreso.

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