La Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro entró en vigor tras la publicación del Decreto No. 128-2026 en el diario oficial La Gaceta, habilitando mecanismos de refinanciamiento, acceso al crédito y seguros subsidiados para fortalecer la producción agropecuaria nacional.
La normativa, impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), busca brindar respuesta a los principales desafíos que enfrenta el sector productivo, entre ellos los efectos del cambio climático, el incremento de los costos de producción, el alza de los combustibles y las dificultades para acceder a financiamiento.
Entre sus principales disposiciones, la ley permite la readecuación de obligaciones crediticias hasta por un plazo de 15 años, con el objetivo de facilitar la recuperación financiera de productores agropecuarios y garantizar la continuidad de sus actividades productivas.
El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, destacó que esta normativa representa una herramienta para mejorar las condiciones financieras de los productores, quienes podrán acceder a alternativas de refinanciamiento y mecanismos de protección frente a los riesgos que afectan al sector.
Asimismo, la ley establece la creación de un seguro agropecuario destinado a cubrir pérdidas ocasionadas por eventos climáticos y otros riesgos productivos. Para este mecanismo, el Gobierno asignará 100 millones de lempiras que permitirán subsidiar hasta el 80 % del costo de las primas, facilitando que más productores puedan contar con protección financiera.
La normativa también contempla la readecuación de créditos para productores agropecuarios, empresas asociativas campesinas, salineros, arroceros y pequeños y medianos camaroneros con obligaciones en mora o cuotas vencidas, de acuerdo con los requisitos establecidos.
Además de las medidas financieras, la Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro forma parte de una estrategia integral que incluye asistencia técnica, acceso a mercados, garantías de crédito e inversión en sistemas de riego, orientada a fortalecer la productividad y la resiliencia del campo hondureño.
Con la entrada en vigor del Decreto No. 128-2026, los productores cuentan ahora con nuevas herramientas para enfrentar sus compromisos financieros, proteger sus actividades y contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario nacional.
