El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este martes a cinco ciudadanos colombianos y dos empresas mexicanas por estar presuntamente vinculadas a las actividades criminales de la organización narcotraficante y paramilitar de Colombia ‘Clan del Golfo y al Cártel de Sinaloa de México, en delitos como tráfico ilícito de fentanilo y trata de personas.
«Los colombianos sancionados», detalló el Tesoro en un comunicado, «son líderes dentro del Clan del Golfo (…) también conocido como Los Urabeños, una de las mayores organizaciones de narcotráfico del país y un contribuyente clave al tráfico de personas a través de la brecha de Darién«.
En cuanto a las dos empresas mexicanas, el departamento estadounidense indicó que ambas «son propiedad de los traficantes designados de Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más notorias y generalizadas del mundo«, que «es responsable de una parte significativa de las drogas ilícitas de fentanilo y otras drogas mortales traficadas a EE.UU.».
Los sujetos sancionados son José Miguel Demoya Hernández, acusado en EE.UU. desde agosto de 2023 por tráfico de cocaína. Actualmente, es buscado por las autoridades colombianas por sus vínculos con el Clan del Golfo y es señalado como prófugo de la Justicia estadounidense.
Así mismo, fue sancionado Alexander Celis Durango, considerado máximo jefe financiero del Clan del Golfo y acusado en marzo de 2021 en EE.UU. por tráfico de cocaína. El sujeto está arrestado en Colombia desde 2023 y tiene pendiente una solicitud de extradición a EE.UU.
Otro de los hombres es José Gonzalo Sánchez considerado como el ‘segundo al mando’ del Clan del Golfo. Los otros dos colombianos son José Emilson Córdoba Quinto y Wilder de Jesús Alcaráz Morales, señalados como responsables del flujo migratorio irregular en el Tapón del Darién y de contrabandear drogas para la organización paramilitar.
Empresas mexicanas
Entre tanto, las empresas mexicanas sancionadas son «Nieves y Paletas EVI«, un negocio de postres congelados que parece «operar legítimamente» con varias tiendas en Culiacán, estado de Sinaloa, y en los municipios aledaños, como Pueblos Unidos y Tacuichamona.
Esa compañía habría sido creada con fondos del narcotráfico y la venta de fentanilo ilícito y es propiedad de los esposos Jesús Norberto Larranaga Herrera y Karla Gabriela Lizarraga Sánchez, señalados por el Tesoro de trabajar para Ismael ‘El Mayo’ Zambada en el Cártel de Sinaloa.
La otra empresa es «Farmacia y Mini Súper Trinidad», incluida en la lista por ser propiedad José Arnoldo Morgan Huerta, calificado como miembro importante del Cártel y hermano del narcotraficante Juan Carlos Morgan Huerta, quien fue acusado en EE.UU. de manejar las operaciones del Cártel en Nogales para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ilícito.
«El presidente Biden y el vicepresidente Harris están comprometidos a usar todas las herramientas a nuestra disposición para combatir a los cárteles que están envenenando a nuestras comunidades con fentanilo y otras drogas mortales», dijo el subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo.
El portavoz agregó que esta acción también apunta a mermar «la capacidad de organizaciones criminales», como el Clan del Golfo, «para operar redes de tráfico de migrantes hacia el norte a través de la brecha Darién y hacia la frontera sur de América».
Además, busca «interrumpir el financiamiento que alimenta el tráfico ilícito de fentanilo, incluyendo las empresas que bordean los bolsillos de los miembros del Cártel de Sinaloa».
